Caso Pruebas COVID-19 — familia Bucaram

También conocido como: Caso Pruebas Covid · Caso AMT-Bucaram · Caso Abdalá Bucaram Covid · Caso PCR

La Fiscalía acusó al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley, y a los ciudadanos israelíes Oren Sheinman y Orietta Marengo, junto al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones, de integrar una estructura de delincuencia organizada que comercializó ilegalmente, sin factura y sin pagar impuestos, unas 21.000 pruebas rápidas de COVID-19 y otros insumos médicos (mascarillas) durante la emergencia sanitaria de 2020 — usando vehículos y personal de la AMT para trasladar la mercadería, presuntamente hasta la vivienda de Abdalá Bucaram. Un testigo (uno de los israelíes, antes de morir) declaró que Jacobo Bucaram pagó USD 321.600 en efectivo por las pruebas — una declaración testimonial, no un hecho documentado de forma independiente en las fuentes consultadas. El caso incluye también cargos de enriquecimiento ilícito, estafa, uso fraudulento de documento público y evasión tributaria. El caso pasó por un sobreseimiento en 2021, una apelación de la Fiscalía, y una reversión que los envió a juicio; la lectura de sentencia fue aplazada al menos seis veces durante 2026, casi siempre por hospitalizaciones alegadas de Abdalá Bucaram. La audiencia se reinstaló el 9 de septiembre de 2026, con Bucaram conectado remotamente desde una clínica, y esa misma noche el tribunal dictó veredicto: condenó a Abdalá y Jacobo Bucaram a 9 años 4 meses cada uno como 'colaboradores' de delincuencia organizada, con una multa de 20 salarios básicos (USD 9.640), y a Leandro Berrones a 13 años 4 meses como 'autor directo'. A Oren Sheinman le correspondían también 13 años 4 meses, pero el tribunal los redujo en 80 % por cooperación eficaz: quedó en 2 años 8 meses (El Comercio, Expreso). Bucaram sostiene que el fallo es nulo («El fallo macabro e inmoral va a ser anulado», escribió en X) y anunció que apelará, así que NO es todavía una condena firme. No es su primera sentencia: Jaime Nebot lo demandó por injurias en enero de 1997 y la condena, a dos años, llegó en 1998 según Primicias (El Mercurio la ubica en 1997); esa pena prescribió en 2004.

USD 321.600 es la cifra que dieron las primeras notas sobre un pago en efectivo por las pruebas. Al dictar sentencia, el tribunal consideró «verídica, comprobable y determinante» la información de Oren Sheinman, que hablaba de unos USD 320.000 en efectivo, y dijo que coincidía con el dinero incautado en los operativos: USD 313.405 y 385 euros (Expreso). Es parte de una sentencia que todavía no está en firme.