23 sept 2026
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EctotalCorrupción → Casos judiciales → El alcalde suspendido de Cuenca: violencia política de género, enriquecimiento ilícito y tres denuncias de peculado
También conocido como: Caso Cristian Zamora · Caso hospitales de Cuenca
Cristian Zamora, alcalde de Cuenca desde 2023, fue suspendido de sus derechos políticos por seis meses tras ser hallado responsable de violencia política de género contra la concejala Diana González — un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que no tiene relación con las acusaciones de corrupción que se le abrieron después. La Fiscalía investiga desde marzo de 2026 un presunto enriquecimiento ilícito, sin fecha de formulación de cargos todavía; el 4 de octubre de 2026 el Gobierno, a través de la Secretaría de Integridad Pública, presentó además tres denuncias por presunto peculado en contratos de construcción de los hospitales municipales de El Valle, Baños y Ricaurte, por más de USD 2,4 millones según el Gobierno, alegando vínculos entre los consorcios ganadores y empresas de la familia Zamora Matute; el 13 de octubre se conoció además un examen de la Contraloría que observa esos contratos. Según la Policía, la Fiscalía pidió una alerta roja de Interpol porque Zamora está en México desde el 19 de septiembre, donde dice recibir tratamiento médico. Zamora niega todas las acusaciones de corrupción, caso por caso.
USD 2,4 millones es la cifra que da el Gobierno para los procesos de contratación de los hospitales de El Valle, Baños y Ricaurte que denuncia como presunto peculado; las fuentes no la desglosan. No es el valor de los contratos: según el examen de la Contraloría, los contratos de construcción fueron de USD 7,6, 7,4 y 7,3 millones (El Universo y El Diario, 13 oct. 2026). Tampoco incluye la investigación separada por enriquecimiento ilícito, en la que la Contraloría observó USD 82.398 sin justificar, según la versión de Zamora.
Cristian Zamora Matute
Alcalde de Cuenca (desde 2023, con derechos políticos suspendidos desde jun. 2026) — Municipio de Cuenca
Investigado por presunto enriquecimiento ilícito (desde mar. 2026, sin formulación de cargos todavía) y, desde el 4 de octubre de 2026, por tres denuncias de presunto peculado en contratos de hospitales municipales por más de USD 2,4 millones. Niega ambas líneas de investigación. No tiene orden de prisión preventiva (Fiscalía del Azuay, citada por Primicias, 5 oct. 2026); está en México desde el 19 de septiembre por tratamiento médico, y según la Policía la Fiscalía pidió una alerta roja de Interpol. Presunción de inocencia: ninguno de los dos procesos tiene formulación de cargos, condena ni sentencia a la fecha de esta ficha. Por separado, el TCE lo halló responsable de violencia política de género contra la concejala Diana González (28 may. 2026) — una sanción electoral distinta, ratificada en apelación y ejecutada desde el 16 de junio, que no es parte de los procesos penales de corrupción.
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23 sept 2026
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